Recibir una denuncia, una citación judicial o conocer la existencia de una investigación penal puede generar numerosas dudas. Una de las primeras es saber qué profesionales deben intervenir y qué pasos conviene seguir para ejercer adecuadamente el derecho de defensa.
En España, abogado y procurador desempeñan funciones diferentes dentro del proceso judicial. Mientras el abogado asume la dirección y defensa jurídica, el procurador se ocupa de la representación procesal cuando esta resulta necesaria. Conocer estas diferencias ayuda a comprender mejor cómo funciona un procedimiento penal.
¿Qué ocurre al recibir una denuncia o citación judicial?
Una citación no debería ignorarse. El documento normalmente permite identificar el órgano que la emite, el procedimiento y la condición en la que una persona debe comparecer.
Cuando a una persona se le atribuye un hecho punible, la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce el derecho de defensa desde las primeras fases. Entre otros derechos, se encuentran ser informado de los hechos atribuidos, examinar las actuaciones en los términos previstos legalmente, designar abogado, solicitar asistencia jurídica gratuita cuando corresponda y guardar silencio.
Por ello, antes de realizar determinadas actuaciones puede resultar importante conocer exactamente cuál es la situación procesal.
Si el procedimiento se desarrolla en la capital, consultar con un abogado penal Madrid permite recibir asesoramiento especializado sobre la situación concreta, preparar las actuaciones correspondientes y organizar la estrategia de defensa desde las primeras fases.
¿Cuál es la función de un abogado penalista?
El abogado penalista ejerce la defensa jurídica. Su trabajo no se limita a intervenir durante el juicio oral.
Puede analizar la denuncia o querella, estudiar las actuaciones disponibles, asesorar antes de una declaración, proponer diligencias, preparar escritos, formular alegaciones y recursos cuando procedan y ejercer la defensa ante el juzgado o tribunal.
La legislación reconoce, además, que el investigado puede comunicarse reservadamente con su abogado incluso antes de prestar declaración ante la policía, el fiscal o la autoridad judicial, con las excepciones legalmente previstas.
Precauciones antes de prestar declaración
Una persona investigada no debería interpretar una declaración como una simple conversación destinada a aclarar rápidamente lo sucedido.
Antes de declarar resulta aconsejable conocer los hechos atribuidos y recibir asesoramiento sobre los derechos disponibles. Entre ellos se encuentran el derecho a guardar silencio, a no contestar determinadas preguntas y a no declarar contra uno mismo ni confesarse culpable.
Esto no significa que guardar silencio sea siempre la estrategia adecuada. La decisión dependerá de las circunstancias concretas y debe valorarse jurídicamente.
También es recomendable conservar contratos, correos electrónicos, mensajes, facturas, fotografías y cualquier otra documentación que pueda resultar relevante. Debe evitarse alterar, destruir o manipular posibles pruebas.
Abogado y procurador: ¿son lo mismo?
Aunque ambos profesionales pueden intervenir en un mismo procedimiento, sus funciones son distintas.
El abogado se encarga fundamentalmente de la dirección técnica y de la defensa jurídica. El procurador ejerce la representación procesal de su cliente ante los órganos judiciales en aquellos momentos y procedimientos en los que su intervención resulta preceptiva o procedente.
La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que las personas investigadas deberán estar representadas por procurador y defendidas por abogado cuando el procedimiento alcance el momento procesal en el que resulte necesaria su actuación.
Por este motivo, los procuradores en Barcelona pueden encargarse de la representación procesal correspondiente y colaborar con el abogado responsable de la dirección jurídica del asunto.
Esta coordinación permite diferenciar claramente ambas tareas: el abogado diseña y desarrolla la defensa jurídica, mientras que el procurador representa procesalmente a la parte y desarrolla las actuaciones que corresponden a su función.
¿Cómo se desarrolla un procedimiento penal?
No todos los procedimientos penales siguen exactamente la misma tramitación. El recorrido dependerá, entre otros factores, de los hechos investigados, su calificación jurídica y el tipo de procedimiento aplicable.
De forma simplificada, pueden distinguirse varias etapas.
Investigación
Durante la fase de instrucción se intenta determinar qué ocurrió y si existen elementos suficientes para continuar el procedimiento contra una o varias personas.
Pueden practicarse declaraciones, solicitarse documentos, recabarse informes periciales y desarrollarse otras diligencias de investigación autorizadas por la legislación.
Fase intermedia
Una vez finalizada la investigación, debe determinarse si existen fundamentos para avanzar hacia el juicio oral o si procede otra resolución, como el sobreseimiento cuando concurran los presupuestos legales.
Juicio oral
Si el procedimiento continúa, se celebra el juicio ante el órgano competente. Las partes presentan sus posiciones y se practican las pruebas admitidas.
Posteriormente se dicta sentencia, frente a la cual podrán existir los recursos previstos legalmente según el procedimiento y la resolución concreta.
Defensa penal cuando el procedimiento se desarrolla en Barcelona
La asistencia jurídica especializada también resulta relevante cuando las actuaciones se tramitan ante órganos judiciales de Barcelona.
Contar con un abogado penal Barcelona permite analizar las circunstancias específicas del procedimiento, valorar la documentación existente y preparar las actuaciones de defensa que correspondan en cada fase.
La intervención temprana puede resultar especialmente útil para conocer los hechos investigados, organizar documentación y evitar decisiones precipitadas antes de comprender su posible trascendencia procesal.
Derechos básicos ante una detención
Cuando existe una detención entran en juego garantías específicas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, entre otros aspectos, derechos relativos a conocer los hechos atribuidos y las razones de la privación de libertad, guardar silencio, no declarar contra uno mismo, recibir asistencia letrada y acceder a determinados elementos esenciales para valorar la legalidad de la detención.
La ley establece igualmente que la detención preventiva debe durar únicamente el tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y fija, con carácter general, un máximo de 72 horas para que el detenido sea puesto en libertad o a disposición judicial, sin perjuicio de los regímenes especiales previstos legalmente.
La importancia de actuar desde las primeras fases
En Derecho Penal, las primeras actuaciones pueden condicionar el desarrollo posterior del procedimiento. Una declaración, un documento aportado o una decisión adoptada sin conocer suficientemente las actuaciones puede tener consecuencias procesales.
Por ello, ante una denuncia, investigación o detención resulta conveniente identificar primero la situación jurídica, conservar la documentación potencialmente relevante y conocer los derechos disponibles antes de tomar decisiones.
Abogado y procurador cumplen funciones diferentes pero complementarias cuando ambos deben intervenir. El primero desarrolla la defensa jurídica y el segundo asume la representación procesal en los supuestos correspondientes.
Entender esta diferencia y contar con asesoramiento adaptado al caso concreto facilita afrontar un procedimiento penal con mayor conocimiento de sus fases, obligaciones y garantías.