En los últimos años, la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un problema frecuente en España, generando preocupación entre propietarios y autoridades. Desalojar a un okupa no es un proceso inmediato ni sencillo, ya que la ley protege ciertos derechos de las personas que residen en una propiedad, aunque no sean propietarios legítimos.
Para actuar correctamente y evitar problemas legales, es fundamental conocer los procedimientos establecidos y contar con el respaldo de profesionales del derecho, como la figura del procurador, abogados especializados y las autoridades competentes.
Diferencias entre allanamiento y ocupación
Antes de iniciar cualquier procedimiento, es importante distinguir entre allanamiento de morada y ocupación ilegal:
- Allanamiento de morada: Ocurre cuando alguien entra en la vivienda habitual de otra persona sin su consentimiento. En este caso, se trata de un delito penal grave que puede ser denunciado ante la policía, permitiendo un desalojo rápido.
- Ocupación ilegal: Se produce cuando una persona o grupo entra en una vivienda deshabitada o en una propiedad sin el consentimiento del dueño. En estos casos, el proceso de desalojo es más complejo y requiere una intervención judicial.
Vías legales para desalojar a un okupa
Dependiendo de la situación, existen diferentes procedimientos legales para recuperar una propiedad:
1. Denuncia inmediata a la policía
Si la ocupación se detecta en las primeras 48 horas, la policía puede proceder al desalojo sin necesidad de una orden judicial, siempre que se pueda demostrar que se trata de una ocupación ilegal reciente. En este caso, es clave actuar con rapidez y presentar pruebas de la propiedad.
2. Procedimiento civil: Desahucio por precario
Si han pasado más de 48 horas desde la ocupación, el propietario debe acudir a la vía civil y presentar una demanda de desahucio por precario. Este proceso implica los siguientes pasos:
- Demanda judicial: Se presenta ante el juzgado con la documentación que acredita la propiedad de la vivienda.
- Intervención de la figura del procurador: Un procurador es el profesional que representa al propietario ante el juzgado, asegurando que el proceso avance correctamente.
- Notificación a los okupas: Una vez admitida la demanda, se notifica a los ocupantes ilegales para que presenten alegaciones.
- Orden de desalojo: Si el juez falla a favor del propietario, se dicta una orden de desalojo con fecha límite para abandonar la propiedad.
- Ejecutar el desalojo: En caso de que los okupas no se marchen voluntariamente, las fuerzas de seguridad pueden intervenir para proceder al desalojo forzoso.
3. Procedimiento penal: Usurpación de vivienda
Cuando la ocupación se realiza con violencia o intimidación, puede considerarse un delito de usurpación. En estos casos, se puede interponer una denuncia penal, que conlleva un proceso judicial más rápido que el desahucio por precario. Sin embargo, es necesario demostrar que los okupas han actuado de forma violenta o han causado daños en la propiedad.
Medidas preventivas para evitar la ocupación
Para reducir el riesgo de que una vivienda sea ocupada, se pueden tomar algunas medidas preventivas:
- Vigilancia y mantenimiento: Visitar periódicamente la propiedad y asegurarse de que no tenga signos evidentes de abandono.
- Seguridad reforzada: Instalar puertas y cerraduras de alta seguridad, así como sistemas de alarmas y cámaras de vigilancia.
- Contratar un seguro de impago o protección legal: Existen seguros específicos que cubren los gastos legales en caso de ocupación.
- Alquiler en lugar de mantenerla vacía: Una vivienda habitada es menos propensa a ser ocupada.
El desalojo de okupas es un proceso que puede ser largo y complicado, por lo que es fundamental actuar con rapidez y acudir a profesionales del derecho. La figura del procurador es clave en este proceso, ya que agiliza los trámites judiciales y representa al propietario en el procedimiento legal. Además, tomar medidas preventivas puede ayudar a evitar la ocupación ilegal y proteger el derecho a la propiedad.